Este libro reúne tres ensayos sobre el nuevo Código Procesal Penal de la República Dominicana. En ellos su autora explica por qué, a su entender, la reforma que dio origen a dicho código no fue del todo apropiada: las nuevas normas introducidas son ajenas a la cultura jurídica que había arraigado en el país desde 150 años atrás. De acuerdo a la sociología jurídica, los cambios en las normas que se da un pueblo deben de ser el resultado de cambios sociopolíticos que los sustenten, pero en este caso ha ocurrido lo contrario: se ha pretendido inducir los cambios sociales a partir del establecimiento de nuevas reglas en el ámbito del procedimiento penal, reglas que, por lo demás, se han tomado de sistemas jurídicos que nada tienen que ver con la familia de derecho a la que pertenece el régimen normativo dominicano. Como consecuencia de ello, la autora considera que la supervivencia del cuerpo social nacional corre un alto riesgo, pues tanto la respuesta penal como la propiamente judicial han perdido certidumbre y eficacia. Y es que -arguye la autora-, al pretender ser “progresistas” a todo trance, las reformas realizadas habrían roto el “delicado y esencial” equilibrio que debería imperar entre los derechos individuales y el interés colectivo de seguridad y preservación del orden público.